Cómo solicitar la incapacidad legal de una persona

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Aunque por norma general, toda persona dispone de una capacidad de obrar que le permite realizar cualesquiera actos en su propio nombre, así como ejercitar los derechos y obligaciones que posee por tan solo ser persona; en numerosas ocasiones ya sea por enfermedades graves o deficiencias psíquicas o físicas, es posible que uno no pueda gobernarse por sí mismo tanto en su esfera personal como patrimonial.

Ante esta situación, nuestro ordenamiento jurídico ofrece la posibilidad de declarar la incapacidad de una persona mediante un procedimiento judicial, siempre y cuando esté justificada. Por ejemplo, cuando una persona dispone de una demencia senil  y no puede administrar sus bienes, o simplemente porque se trata de una persona mayor que debido a su avanzada edad no puede realizar ciertos actos que si puede realizar una persona más joven.

Con la solicitud de la incapacitación lo que se pretende es poder atender a las necesidades básicas y cotidianas de la persona dependiente, y aunque no pueda gobernarse por sí mismo,  se le garantiza una vida digna.

Procedimiento para solicitar la incapacidad judicial

Mientras una sentencia no diga lo contrario, toda persona mayor de edad es capaz de manejar su vida de forma totalmente independiente, pudiendo tomar sus propias decisiones así como realizar cualquier contrato que desee. Por ello, para que una persona sea declarada incapaz, tenemos que acudir a los tribunales, iniciando un procedimiento que finalizará con la sentencia respectiva de incapacidad.

El procedimiento a seguir es sencillo y con bastantes garantías, ya que el fin no es otro que salvaguardar los intereses del presunto incapaz. Así mismo, en los procedimientos de capacidad de las personas, siempre es parte el Ministerio Fiscal, ofreciendo un extra de garantías.

¿Quién puede solicitar la incapacidad?

La ley recoge que la declaración de incapacidad de una persona puede promoverla:

  • El propio incapaz
  • El cónyuge o el que se encuentre en una situación de hecho asimilable
  • Los descendientes, ascendientes o hermanos del presunto incapaz
  • El Ministerio Fiscal

¿Cómo se sustancia el procedimiento?

El procedimiento se inicia con una demanda que se presentará en el Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia del presunto incapaz. Dicha demanda, deberá presentarse mediante abogado y procurador, lo que ayuda enormemente a que el procedimiento se realicé de manera correcta. A dicha demanda, habrá que acompañar toda la documentación que creamos conveniente y que acredite que la incapacidad que hemos solicitado, así como los diferentes dictámenes médicos que hayamos reunido.

Una vez presentada la demanda, se le dará traslado al presunto incapaz para que conteste lo que crea conveniente. Obviamente y en la mayoría de los casos, la persona dependiente no va a responder, por lo que hay que dejar pasar este plazo de 20 días antes de continuar con el procedimiento.

Una vez transcurrido este plazo, se señalará una vista en la que acudirán las partes, el ministerio fiscal así como el presunto incapaz y que si todo se ha hecho correctamente, será un mero trámite para que el juez pueda “observar” a la persona a la que se le ha solicitado la incapacidad. Por otro lado, el papel del Ministerio Fiscal será el de velar por los intereses de la persona, y si ve indicios de que no es necesaria la declaración de incapacidad, se opondrá a ella.

Desarrollada la vista y practicada toda la prueba, tan solo tendremos que esperar a la sentencia. Dicha sentencia, determinará la extensión y los límites de la incapacidad (si es total o parcial), así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, nombrando a las personas o persona que han de asistir, representar y velar por sus intereses. Igualmente y solo si es necesario, se pronunciará sobre la necesidad de internamiento.

 

 

 

1 comentario en “Cómo solicitar la incapacidad legal de una persona”

  1. Me parece un procedimiento judicial muy importante, especialmente en aquellos casos en los que se trate incluso de garantizar a favor del presunto incapaz, sus propios bienes y propiedades.

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